Desde el inicio del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en Piura en 2016, los avances han sido limitados, según el último informe del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). De los 2,034 mineros inscritos en la región, solo 317 han logrado obtener registros válidos, mientras que 1,717 se encuentran suspendidos, especialmente en áreas como Ayabaca, Las Lomas y Tambogrande.
El presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Mateo Gómez, ha calificado el proceso de formalización como un «fracaso total», ya que únicamente el 15% de los mineros han logrado obtener permisos de operación formal. Además, muy pocos de ellos han asistido a las capacitaciones sobre sostenibilidad y cuidado ambiental, que son requisitos fundamentales para avanzar en la formalización. Gómez también ha criticado la prórroga del Reinfo, considerando que facilita que mineros ilegales se mezclen con los formales, lo que perpetúa problemas como el sicariato y la prostitución en el sector.
El presidente de la Cámara de Comercio de Piura instó a un mayor compromiso político y recursos para fortalecer la fiscalización de la minería ilegal. Aseguró que los gobiernos regionales no pueden abordar este problema sin apoyo y propuso la creación de un órgano supranacional para intensificar la lucha contra la minería ilegal en todo el país.
A nivel nacional, las cifras proporcionadas por el Ministerio de Energía y Minas reflejan una situación similar. De los 87,111 mineros informales inscritos en el Reinfo, solo un 2.4% ha logrado formalizarse en los últimos ocho años, mientras que un 79% ha sido suspendido por no cumplir con los requisitos establecidos. Esta falta de fiscalización efectiva sigue favoreciendo la expansión de la minería ilegal, la cual muchas veces está vinculada al crimen organizado, que sigue operando en diversas regiones bajo la impunidad.
