Alertan sobre «zonas liberadas» en Ayabaca bajo control de bandas criminales extranjeras mientras el Ministro del Interior guarda silencio

La provincia de Ayabaca, ubicada en el departamento de Piura, enfrenta una alarmante situación de inseguridad, principalmente debido al tráfico ilícito de drogas y la presencia de bandas criminales extranjeras. A pesar de que el alcalde Darwin Quinde Rivera ha solicitado al Gobierno central recursos y apoyo para mejorar la seguridad, hasta la fecha no ha recibido respuesta del ministro del Interior, Juan Santiváñez. En una reciente entrevista con Exitosa, el burgomaestre expresó su frustración, señalando que, a pesar de las solicitudes, no se ha asignado ningún patrullero para la provincia.

Según Quinde, la geografía montañosa y remota de Ayabaca ha dificultado las labores de patrullaje y control, lo que ha permitido que el tráfico de drogas y otros delitos prosperen. Además, alertó sobre la presencia de grupos criminales internacionales, provenientes de Ecuador, Colombia y Venezuela, que operan en la zona. Estas bandas, según el alcalde, han tomado control de al menos tres zonas de la provincia, donde la Policía no puede ingresar, convirtiéndolas en refugios «liberados» donde el crimen organizado actúa con impunidad.

Ante esta grave situación, el alcalde Quinde ha exigido un aumento en el número de patrulleros y personal policial. En particular, destacó la necesidad de reforzar la seguridad en los 800 kilómetros de frontera con Ecuador, área vulnerable y de difícil acceso. El objetivo es garantizar patrullajes efectivos en todo el territorio y recuperar los puntos vulnerables que actualmente están fuera del control estatal.

El alcalde reitera que estas medidas son urgentes para frenar la expansión del crimen organizado en la provincia y evitar que las bandas extranjeras sigan operando con total libertad.


¡Puedes compartir esta publicación!

Continúa el progreso en la construcción de cuatro polideportivos.

Rondas y comunidades campesinas piden a la presidenta anular concesión minera